Botín y los jueces

“Es preferible ser un perro si he de ser pisoteado, que un hombre…”, W. Shakespeare, El Mercader de Venecia)

artículo de Ramón Sacristán en El Confidencial

La Sala de lo Penal al completo decide hoy, 3 de Diciembre de 2007, si Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos (abreviadamente, Botín) el banquero más poderoso de España y uno de los más importantes del mundo debe, como todo mortal, sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de las “cesiones de crédito”, el fraude fiscal más importante de la democracia como lo calificó el Sr. Saura en memorable sesión del Congreso de los Diputados. Una sesión en la que aquél hubo de recordarle a la “engañifa” de ministro, como ahora llama Conthe a su amigo Solbes, que entre el listado de defraudadores de las cesiones, el Santander de Botín tenía, entre otros ilustres impositores, al Capitán Trueno…

Hace un año escaso, el juez Bermúdez, entonces tan jaleado por la derecha, haciendo tabla rasa de institución tan venerable como la acusación popular, decidió que esta no era aplicable al banquero cántabro. Solo unos meses antes (enero de 2006) las tesis del conocido como SuperBer sobre la acusación popular habían sido tajantemente rechazadas por la misma Sala que mañana deberá decidir el futuro judicial inmediato de Botín. ¿Por qué entonces don Salvador Francisco Javier Gómez Bermúdez dio tan importante paso? ¿Un genio de la ciencia jurídica decidido a romper moldes? ¿Una versión rediviva de Justiniano? O, sencillamente, un remedo judicial de aquella anécdota de Aznar y los subsajas, según la cual “había un problema y se solucionó”.

475.000 millones de pesetas escamoteadas a Hacienda

El caso es un test, uno más, de las graves enfermedades de nuestro Estado de Derecho. Porque no es que la acusación popular haya estado siempre sola en el affaire de las cesiones de crédito (475.000 millones de pesetas del año de Nuestro Señor de 1989 escamoteados al Fisco). Inicialmente la Fiscalía y la Abogacía del Estado ejercían comprensiblemente la acusación. Es más, cuando el fiscal Florentino Ortí emprendió su marcha a destinos más lucrativos como el despacho Garrigues, les dejó una pildorita como demostración de sus conocimientos de penal, sosteniendo que no cabía el archivo de la causa al concurrir la cooperación necesaria de Botín y el Santander en la perpetración del gigantesco fraude.

Pero claro, como mandaba menos no podía saber tanto como Fungairiño, otro héroe de la derecha, a quien algunos sitúan como amigo o compañero de cole de Rodrigo Echenique. Lo cierto es que, después de que el Sr. Aznar subiera al jet privado del banquero pasiego para su presentación en sociedad en Londres, las cosas judiciales cambiaron mucho para el cántabro de mirada penetrante. Todas, menos desafortunadamente la tenacidad de la juez Palacios, a quien no gusta comulgar con ruedas de molino, por mucho que se le presenten envueltas como yemas de su santa patrona.

Y ahí que llegó SuperBer con sus súper poderes. ¿Qué hay que cargarse la acusación popular? Torres más grandes han caído. Y, como en las comedias de Lope, el que los alemanes llaman asesinato judicial (Ihering, La Lucha por el Derecho) en horas veinticuatro pasó de las musas al teatro (al teatro de la Sala de lo Penal de la AN). La acusación popular fue sacrificada a la solución del problema. Por lo que se ve Botín manda demasiado en España sin que nadie lo haya elegido y sin que nadie ose pensar siquiera en poner coto por pequeño que sea a tan inmenso poder. Porque, queridos compatriotas, las normas judiciales dejan bastante que desear. Así, en un libro reciente sobre el Juez Campeador se cuenta que fue el Banco Santander, o sea, Botín, quien financió su estancia en Nueva York cuando decidió quitarse de en medio. Dice un viejo refrán que “no es bien nacido quien no es agradecido”.

El problema en el caso de las Cesiones, algo que Superber no parece haber valorado, es que no se trataba de cambiar momentáneamente una jurisprudencia constante. En el caso Argentia Trust se hizo y no pasó nada: hoy vuelve a exigirse la concurrencia del hasta entonces esencial animus rem sibi habendi, que en Argentia se debió de ir a dar un paseo. El problema es que aquí, en el asunto de las Cesiones de Crédito, lo que van a liquidar es una institución prevista en la Constitución. Reanimarla después va a ser difícil.

Por eso ya hay gente que se malicia que, para dejar “viva” la acusación popular, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está estudiando cualquier tipo de fórmula que le permita salvar al banquero en base a algún defecto de forma que invalide el procedimiento. Algo que se les haya pasado a los procesados, a doña Teresa Palacios, a varias secciones de la AN, e incluso a SuperBer. Ya saben: la póliza de 25 pesetas que falta en uno de los miles y miles de folios, o la firma del procurador, o el papel de huérfanos de los distintos colegios profesionales. O que ha desaparecido un escrito, etc.

Decía un profesor mío que el formalismo extremo seca el Derecho mismo. El recurso a él, además de indicar dónde está la verdad, sería un indicio, uno más, de que en España los poderosos tienen tal grado de inmunidad que al ciudadano le trae cuenta cambiar de nacionalidad. Y a los abogados cambiar de profesión… o de estómago.